Orden INT/1068/2026, de 7 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Cese en la aplicación: El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, dejará de aplicarse desde la publicación de este acuerdo.
Esta directriz fija los requisitos mínimos para elaborar, implantar, mantener y coordinar los planes de autoprotección con el Sistema Nacional de Protección Civil, con el fin de unificar la respuesta ante emergencias en actividades de riesgo. Sus principales objetivos son homogeneizar dichos planes, normalizar procedimientos, coordinar a las administraciones e integrar estos documentos con otros instrumentos territoriales y especiales de protección civil.
Desde el punto de vista técnico, uno de los cambios más importantes es la actualización del catálogo de actividades que deben contar con un Plan de Autoprotección.
La directriz exige que los planes de autoprotección incluyan un análisis exhaustivo de los riesgos internos y externos, integrando de forma explícita los supuestos de protección civil de ámbito estatal (como inundaciones, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos, terremotos o accidentes con sustancias peligrosas).
Su elaboración, implantación, integración, mantenimiento, revisión, actualización y evaluación es responsabilidad del titular de la actividad.
El Plan de Autoprotección deberá estar redactado y firmado por un técnico capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad, y suscrito igualmente por el titular de la actividad, si es una persona física, o por la persona que le represente si es una persona jurídica.
La nueva regulación refuerza la importancia de la implantación efectiva de los planes, exigiendo programas de formación, información al personal y realización periódica de simulacros.
